Hace poco Galicia, Cataluña y Euskadi acordaron un Protocolo General en Política Lingüística. Son realidades socio-lingüísticas diferentes, pero buscan aunar esfuerzos en sus procesos de normalización y para que el Estado fomente su protección.
Casi la mitad de la población del Estado vive en comunidades con lenguas propias, es plurilingüe y, como tal, el Estado debería hacer converger lo "legal" con lo "real", y entre otras cuestiones, actuar en el ámbito de sus propias administraciones, apostar por la normalización de su uso en las instituciones europeas, cumplir las legislaciones autonómicas vigentes por parte de sus administraciones periféricas y atendiendo a su compromiso en la Carta Europea de Lenguas Regionales o Minoritarias, hacer suya su defensa y cumplimiento en todo el Estado. Se dice que su normalización no es ninguna lucha absurda contra el castellano, lo que se pretende es fomentarlas desde la convicción de que las lenguas no separan, sino que integran, y que la acción por revitalizarlas constituye un factor de mejora en la convivencia. Todas son patrimonio de todos, nadie debe patrimonializarlas, pero tampoco sentirse exonerado de asumir su normalización y, por eso, es necesario que dichos procesos tengan amplios consensos.
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